Amenazan TPP y TIPP soberanías de Estados contratantes

Con motivo de la oficialización del TPP consumada hoy por parte de los ministros de Economía de México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Japón, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y Singapur, hago público el siguiente artículo.

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Más allá de sus potenciales efectos económicos beneficiosos, estos dos acuerdos tienen un claro objetivo geopolítico. Con ellos, EEUU pretende revitalizar la relación transatlántica, contener el auge de China y, sobre todo, devolver a EEUU el liderazgo en la fijación de las reglas de juego de la economía internacional, que ya tuvo después de 1945 y que ha ido perdiendo paulatinamente por el auge de las potencias emergentes, a decir de Federico Steinberg, investigador de Economía Internacional del Instituto Elcano.

Ambos acuerdos se caracterizan por el secretismo en las negociaciones y básicamente someten el poder del Estado de Derecho a los designios de las grandes trasnacionales, un fenómeno que se manifiesta desde hace años, pero avalados por estos tratados, se configura como un mecanismo en gran escala.

TTIP (Tratado Trasatlántico de Libre Comercio y la Inversión) en la Comunidad Europea

El 28 de noviembre de 2011 durante encuentro entre líderes europeos y estadounidenses se creó el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG, por sus siglas en inglés). Este grupo tenía como objetivo estudiar las políticas necesarias para incrementar el comercio y la inversión entre EEUU y la UE, haciendo recomendaciones a los diferentes gobiernos. En junio de 2013 la Unión Europea y los Estados Unidos anunciaron el inicio de negociaciones para llegar efectivamente a un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), también conocido simplemente como Tratado de Libre Comercio (TLC). Las conversaciones comenzaron finalmente durante el mes de julio de 2013.

Aunque la Comisión Europea ha insistido en que la negociación es transparente, lo cierto es que el proceso de negociación es prácticamente secreto. No se conocen detalles concretos de las negociaciones y sólo algunos documentos filtrados desde las propias instancias europeas han permitido ir desgranando los pilares del futuro acuerdo. El negociador principal de la parte europea reconoció en una carta pública que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante al menos treinta años.

Las voces inconformes se han dejado escuchar desde el inicio. Según datos de la web del movimiento “No al TIPP”, entre la lista de ciudades europeas, que han expresado su rechazo a los fuertes recortes en derechos y a la pérdida de democracia que supone el TTIP, y se oponen a su aplicación en su territorio se encuentran Barcelona, Colonia, Lyon, Bruselas, Oxford, Milán, Viena, Amsterdam. Estas localidades se hacen eco de la voluntad de la sociedad civil, que denuncia la falta de transparencia con la que se está negociando este tratado, según la web del movimiento “No al TIPP”.

TPP (Alianza Transpacífica de Cooperación) en México

México se ha insertado desde 2012 en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), en el que 12 naciones de la Cuenca del Pacífico intentan establecer una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

El 5 de octubre se anunció la suscripción del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATP) o TPP (por sus siglas en inglés- Trans-Pacific Partnership), entre 12 países de la región Asia Pacífico (Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Malasia y Vietnam). Este tratado de libre comercio se ha venido negociando y elaborando por más de 5 años.

Estados Unidos selló el Acuerdo, que será firmado por los Presidentes de los países miembros a principios del 2016. Una vez suscrito y aplazado a firma, las críticas y análisis no se han dejado esperar. Las filtraciones a través de Wikileaks de un capítulo del tratado, han sido suficientes para mostrar que el Acuerdo contiene marcados desequilibrios que dejarán en desventaja a productores nacionales y a los consumidores de los productos finales y ni qué decir de las economías internas, aún más dependientes de los monopolios transnacionales.

Personajes como los premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Paul Krugman, se oponen a la alianza por considerar que tiene potencial para dañar ciertos aspectos de la calidad de vida de los consumidores y ciudadanos, además de que es un acuerdo que se ha negociado completamente en secreto. Hasta el día de hoy, el texto del TPP no es público, por lo que no se conoce con exactitud su contenido. Stiglitz ha insistido en que el gobierno mexicano debería exigir que el TPP beneficie a los mexicanos, una posibilidad que se percibe lejana, si se miran los perjuicios del TLCAN firmado en 1992 en medio de un escenario de crisis e inestabilidad socio- política.

A partir de filtraciones, se sabe que uno de los elementos más nocivos del TPP es el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que cancelaría el poder de la nación para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este tipo de mecanismos facultan a los “inversionistas” para demandar al Estado mexicano en caso de oportunidades de negocio perdidas, a partir de litigios gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente a nadie.

La finalidad de dichas disposiciones es atar las manos de los gobiernos. Se busca bloquear la posibilidad de que nuevas leyes o regulaciones generadas por procesos democráticos interfieran con los contratos y las ganancias de las trasnacionales. El TPP implica un ataque directo a la soberanía nacional y una cancelación absoluta de la soberanía popular.

México ya tiene una experiencia muy negativa con esta clase de acuerdos. Tanto el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como los establecidos con España ya incluyen disposiciones similares. En varias ocasiones el gobierno mexicano ha sido condenado a pagar sumas millonarias para “compensar” a empresas trasnacionales ante las “pérdidas” causadas por acciones gubernamentales.

Como ejemplo, el caso de Guadalcázar, San Luis Potosí, donde las autoridades negaron un permiso de construcción a una empresa canadiense de procesamiento de desechos tóxicos, Metalclad. Ésta recurrió al tribunal especial del TLCAN y ganó un litigio en contra del Estado mexicano por la cantidad de 16 millones de dólares. En otro caso, una compañía de procesamiento de desechos tóxicos, la española Abengoa, ganó un juicio similar, por 40 millones de dólares, al impugnar la decisión del municipio de Zimapan, Hidalgo, de cancelar sus permisos de operación y uso de suelo.

En lugar de empoderar a las trasnacionales en su lucha contra el pueblo de México, un gobierno digno tendría que proteger la economía nacional, el medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el centro de investigación Global Financial Integrity estima que aproximadamente 50 mil millones de dólares son extraídos del país cada año por medio de mecanismos de fraude fiscal, lavado de dinero y repatriación de ganancias a los países sede de las trasnacionales

Para aumentar el nivel de inversión no hace falta rematar a la nación o sacrificar nuestra soberanía. Al contrario, basta y sobra con poner un alto al saqueo constante de nuestros abundantes recursos y patrimonio nacionales por las redes de corrupción financiera internacional.

(Por: Mayté Guzmán Mariscal, DICIEMBRE DE 2015)

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